El próximo salto no consiste en atraer más proyectos. Consiste en estar preparada para recibirlos.
Hay una frase que se repite en Mendoza desde hace por lo menos tres años: que la provincia tiene un potencial enorme. Es cierta. También es, a esta altura, insuficiente.
El potencial dejó de ser noticia. La pregunta que corresponde hacerse en septiembre de 2026 no es si Mendoza construyó las condiciones, porque las construyó y le costó tiempo y capital político hacerlo, sino qué está haciendo con ellas.
Lo que ya está construido
Conviene ser justo con lo hecho, porque es mucho.
PSJ Cobre Mendocino, el proyecto de Uspallata que la Legislatura había rechazado en 2011, obtuvo la ratificación legislativa de su declaración de impacto ambiental a fines de 2025 y se convirtió en el primer proyecto metalífero de la provincia en ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con una inversión aprobada de 613 millones de dólares (891 millones si se suman mantenimiento y cierre). El cronograma que la empresa presentó al ingresar al régimen fija el inicio de la construcción en junio de 2027 y la puesta en marcha en enero de 2029. En Londres, en junio, el Gobernador les dijo a los inversores que la producción podía arrancar entre fines de 2027 y principios de 2028. La diferencia es de un año y conviene tenerla a la vista.
En el sur, el Malargüe Distrito Minero Occidental ordenó en un solo esquema lo que antes era una discusión proyecto por proyecto: hoy hay 61 declaraciones ratificadas por ley y otras 71 en evaluación en una tercera tanda, sobre un polígono de 20.000 kilómetros cuadrados. En paralelo avanza el Distrito Minero Mendoza Norte. Y llegó BHP, la mayor minera del mundo, en alianza con la canadiense Kobrea, con foco en cobre en Malargüe. Esa firma no se consigue con un discurso: se consigue con reglas.
A eso se suma la energía. La lengua mendocina de Vaca Muerta avanzó durante 2026 hacia una segunda etapa exploratoria con resultados que el sector considera alentadores, y hay un plan de cinco pozos no convencionales, tres de YPF y dos de la UTE Quintana-TSB, que adelanta a este año perforaciones previstas para 2027.
Y está la vidriera. El Foro de Inversiones y Negocios llegó a su séptima edición con el ministro de Economía de la Nación en el escenario. El Gobernador presentó los proyectos de cobre y potasio en Londres, ante fondos internacionales y el London Stock Exchange.
Tres cosas quedaron resueltas: verticales definidos, una vidriera que funciona y un marco jurídico que permite avanzar. Sobre esto último conviene ser preciso, porque es donde se juega casi todo lo que viene.
La licencia que no se firma
La Ley 7722 no fue derogada ni reformada. Fue cumplida. Y esa diferencia, que parece de matiz, explica tanto lo que Mendoza pudo hacer como lo que todavía no puede.
La norma de 2007 no prohíbe la minería metalífera: prohíbe procesos. Veda el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, y exige que la declaración de impacto ambiental de cada proyecto metalífero sea ratificada por ley de la Legislatura. Lo que hizo esta gestión no fue cambiar la ley, sino cambiar los proyectos. PSJ avanza por flotación, un método que no necesita las sustancias prohibidas. Conviene agregar algo que casi no se dice: eso fue posible en parte porque la geología acompañó. El cobre que hoy está en carpeta es mayoritariamente sulfurado, y los sulfuros se procesan por flotación.
Cumplir la ley en lugar de cambiarla tiene costos. Por un lado, la ratificación legislativa convierte cada aprobación técnica en una votación política. La Suprema Corte provincial fue explícita: la declaración de impacto ambiental es un acto preparatorio que necesita la ratificación por ley para producir efectos jurídicos.
Por otro, el perímetro de la norma quedó menos nítido de lo que parece. En 2021 la Corte Suprema de la Nación dejó en pie la ley entera, incluida la ratificación legislativa, pero declaró inconstitucional la frase del artículo 1 que extendía la prohibición a otras sustancias tóxicas similares, por indeterminada. Las asambleas por el agua siguen activas, reclaman audiencia pública por cada declaración que entra a la Legislatura y sostienen que en Malargüe no hay licencia social. Cada tanda de proyectos reabre la misma discusión, con movilización en la puerta.
Pero un proyecto ratificado por ley tiene una legitimidad que un permiso administrativo no otorga, y por eso resiste mejor la judicialización posterior. Mendoza eligió entrada lenta a cambio de permanencia.
El cronograma minero de Mendoza no lo fija la geología ni el precio del cobre. Lo fija el calendario político. Quien invierte acá compra, además de la explotación del yacimiento, una apuesta sobre cómo va a votar una Legislatura que todavía no se eligió.
El dato que incomoda
Ahora, el otro lado del mostrador.
El Consejo Empresario Mendocino viene señalando que la provincia arrastra una década de estancamiento comercial y exporta menos que la media nacional. El número es incómodo y conviene decirlo sin adornos: si Mendoza convergiera al promedio nacional de exportaciones per cápita, hoy estaría exportando alrededor de 4.000 millones de dólares anuales en lugar de los 1.500 millones que exporta.
Gustavo Rivarola, asesor económico del CEM, lo puso en estos términos: detrás de ese número no hay una abstracción financiera. Hay producción que no se hizo, empleo formal que no se creó, proveedores que no existen y una generación de mendocinos que se fue a buscar a otro lado lo que acá no encontró. Ese es el punto donde estamos.
Mendoza tiene hoy un problema de traducción más que de convencimiento. El inversor internacional ya sabe que acá la minería es posible. Lo que no sabe es quién le arma el paquete: dónde se instala, con qué proveedores, con qué mano de obra disponible, con qué infraestructura de servicios alrededor, qué expectativas hay.
Lo que falta completar es una secuencia: que las condiciones se conviertan en inversiones, las inversiones en proveedores y los proveedores en actividad repartida por el territorio. Mendoza resolvió el primer eslabón. El último es el que menos se mira.
El mapa chico
Hay una escala que quedó afuera de toda esta conversación: la municipal.
La agenda de atracción de inversiones se discute en el nivel provincial y se muestra en Londres, pero las inversiones se instalan en un departamento concreto, con un intendente concreto y una ordenanza concreta. Y ahí la información no existe o está desordenada. Un empresario que quiera evaluar hoy dónde radicar un galpón de logística, una planta de servicios mineros o un desarrollo turístico no tiene, en la mayoría de los dieciocho departamentos, un documento que le diga qué hay, qué se puede y qué le conviene.
Eso importa porque el grueso de lo que viene no son megaproyectos. Son microinversiones: la empresa de servicios que necesita el proyecto, el taller que repara equipos, la firma de logística, el alojamiento para técnicos, el proveedor de alimentos. Cobre y petróleo se ven de lejos; la cadena que los rodea es la que efectivamente reparte trabajo por el territorio. Y esa cadena se instala donde encuentra la información y la gestión más rápida.
El turismo como integrador, no como decorado
Mendoza ya sabe hacer algo que a esta agenda le falta: venderse al mundo. Lo aprendió con el vino y con el turismo durante treinta años. Construyó marca, ruta, hotelería y un relato que funciona afuera.
Esa capacidad todavía no está enchufada a la agenda minera y energética, y en algunos puntos directamente se le contrapone. Uspallata es corredor turístico y es distrito minero al mismo tiempo. Malargüe vive del turismo de montaña y es el centro del mapa minero. Esa convivencia no se resuelve con un comunicado: se resuelve con planificación, y es probablemente la discusión más importante que Mendoza no está teniendo con la seriedad que merece.
La vara de la próxima edición
El año que viene va a haber otro Foro de Inversiones, con otro lema y probablemente más inscriptos. La pregunta con la que habría que llegar es distinta a la de las ediciones anteriores.
No cuántos asistieron. Sino cuántos contratos se firmaron, cuántos proveedores mendocinos entraron a la cadena y cuántos departamentos tienen hoy un perfil de inversión que ayer no tenían.
Mendoza ya no tiene que convencer a nadie de que es viable. Eso está hecho y hay que reconocerlo. Lo que le queda por delante es menos épico y bastante más difícil: convertir una condición en un negocio.
Sobre el Autor
Martín Domínguez Biere es especialista en economía institucional y ciencias políticas. Fundó Claridad, consultora de comunicación estratégica. Trabaja además en Radio Mitre Mendoza, donde coconduce Aire de Noticias y produce y conduce Mitre Informa Primero. Su formación incluye la Licenciatura en Comunicación Social (UMAZA), un diplomado en Mercado de Capitales (UNCuyo) y un posgrado en Economía Institucional y Ciencias Políticas (UCEMA). Escribe sobre desarrollo productivo, inversiones y economía regional. Mail: martindominguezb1@gmail.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-dominguez-biere-56237a204/
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