La Provincia reglamentó el uso de terrenos estatales destinados a la actividad minera, brindando mayor seguridad jurídica, previsibilidad para los inversores y un esquema que incentiva la exploración de nuevos proyectos.

Mendoza dio un nuevo paso en la consolidación de un marco regulatorio moderno para el desarrollo de la minería. El Gobierno provincial reglamentó el uso de inmuebles de dominio estatal vinculados a la actividad minera, estableciendo reglas claras sobre los derechos y obligaciones de las empresas que operan sobre tierras fiscales.

La medida busca fortalecer la seguridad jurídica, ordenar la administración del patrimonio público y generar condiciones más previsibles para la llegada de nuevas inversiones en exploración y explotación de recursos minerales estratégicos.

Con esta reglamentación, Mendoza continúa avanzando en una agenda que combina desarrollo económico, transparencia administrativa y estándares regulatorios que aportan confianza a los inversores.

Reglas claras para impulsar nuevas inversiones

La normativa define con precisión cómo será el uso de terrenos estatales por parte de proyectos mineros de primera, segunda y tercera categoría, estableciendo criterios diferenciados según el grado de avance de cada iniciativa.

Uno de los aspectos más relevantes es que las etapas de prospección y exploración quedarán exentas del pago por el uso de tierras fiscales. Esta decisión busca reducir los costos iniciales de los proyectos, facilitar la búsqueda de nuevos recursos minerales y fomentar inversiones en una de las etapas de mayor riesgo para la industria.

En cambio, el canon por utilización de terrenos estatales comenzará a aplicarse únicamente cuando los proyectos ingresen en la etapa de explotación comercial.

Este esquema permite acompañar el ciclo natural de la inversión minera, incentivando la exploración sin generar cargas económicas prematuras.

Más previsibilidad para el sector

La reglamentación también establece mecanismos objetivos para determinar cuándo un derecho minero se encuentra vigente, cuándo corresponde una contraprestación por el uso de inmuebles provinciales y cuáles son las condiciones bajo las cuales esos terrenos permanecen afectados a la actividad minera.

Además de brindar mayor claridad a las empresas, el nuevo régimen fortalece la transparencia en la administración de los bienes públicos y facilita el control sobre el uso de los recursos del Estado.

Igualdad de condiciones entre operadores

Otro de los ejes de la normativa es garantizar un tratamiento homogéneo entre quienes desarrollan proyectos sobre terrenos estatales y aquellos que operan sobre propiedades privadas.

El objetivo es evitar diferencias regulatorias que puedan afectar la competitividad de los proyectos y asegurar que el aprovechamiento económico de los recursos minerales se realice bajo criterios previsibles y equitativos.

Nuevos parámetros para las minas de tercera categoría

En el caso de las minas de tercera categoría, la reglamentación incorpora criterios técnicos para determinar el derecho de explotación previsto en el Código de Procedimiento Minero de Mendoza.

Entre los parámetros considerados se encuentran el tipo de mineral extraído, el volumen de producción y la superficie utilizada, junto con nuevos mecanismos de declaración y control que mejoran la trazabilidad administrativa.

Mendoza consolida un marco competitivo para la minería

La reglamentación fue elaborada de manera conjunta por la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Fiscalía de Estado y otros organismos técnicos de la provincia.

La iniciativa se suma a las reformas impulsadas por Mendoza durante los últimos años para modernizar su legislación minera, agilizar los procedimientos administrativos y brindar mayor previsibilidad a los proyectos que buscan desarrollarse bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

En un contexto donde la demanda mundial de cobre y minerales críticos continúa creciendo como consecuencia de la transición energética, contar con reglas claras y seguridad jurídica constituye uno de los principales factores para atraer capitales de largo plazo.

Con este nuevo marco regulatorio, Mendoza fortalece su posicionamiento como uno de los destinos más confiables para el desarrollo de inversiones mineras en Argentina, ofreciendo un equilibrio entre protección del patrimonio público, sostenibilidad ambiental y competitividad para el sector privado.