La Legislatura provincial aprobó una reforma integral del régimen hidrocarburífero que reemplaza la normativa de 2006. El nuevo marco introduce regalías flexibles, incentivos para recuperar producción en áreas maduras, concesiones no convencionales para Vaca Muerta y mayores exigencias ambientales. La señal para el mercado es clara: Mendoza busca adaptar sus reglas a las condiciones actuales de la industria energética y competir por nuevas inversiones.
Mendoza dio un paso relevante en la actualización de su política energética. El Senado provincial otorgó sanción definitiva a la nueva Ley de Hidrocarburos, una reforma impulsada por el Poder Ejecutivo que modifica una legislación con dos décadas de vigencia y establece nuevas condiciones para la exploración y explotación de petróleo y gas.

La iniciativa recibió 31 votos afirmativos y 2 negativos en el Senado, luego de haber obtenido 39 votos positivos y 4 negativos en la Cámara de Diputados. De esta manera, se completó el tratamiento legislativo de una reforma que busca responder a los cambios tecnológicos, productivos y regulatorios de la industria.
El cambio tiene una dimensión estratégica para Mendoza: la provincia necesita atender simultáneamente la recuperación de sus yacimientos convencionales, muchos de ellos maduros, y generar condiciones para desarrollar su potencial no convencional en la Cuenca Neuquina, particularmente en Malargüe.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, planteó que el desafío es sostener la actividad convencional mediante nuevas inversiones y tecnologías, mientras se crean las condiciones para transformar el potencial de Vaca Muerta en proyectos concretos.
La reforma, por lo tanto, no se limita a actualizar artículos de una ley. Busca establecer un marco regulatorio diferenciado para dos segmentos de la industria que requieren estructuras de inversión, horizontes productivos y condiciones económicas diferentes.
Regalías flexibles: una nueva herramienta para competir por inversiones
Uno de los cambios centrales está en el régimen de regalías.
La normativa anterior establecía una regalía general del 12% sobre la producción, con posibilidad de reducirla hasta el 5% según las características de cada proyecto. El nuevo esquema establece una regalía de referencia del 15% para futuras licitaciones, pero permite que las empresas presenten ofertas con porcentajes superiores o inferiores.
Esto introduce un criterio de mayor flexibilidad económica: las condiciones podrán adaptarse a la productividad, los costos, el potencial y las necesidades de inversión de cada área.
La adjudicación tampoco dependerá exclusivamente del porcentaje de regalías ofrecido. La Provincia evaluará el valor integral de los proyectos, la producción prevista y, especialmente, los compromisos de inversión.
La nueva normativa contempla además incentivos específicos para reactivar pozos inactivos, desarrollar exploración complementaria, producir crudos pesados e implementar proyectos de recuperación mejorada. En determinados casos, las regalías podrán ubicarse incluso por debajo del 5%, siempre que exista justificación técnica.
También se habilita la compensación parcial del canon de explotación para inversiones de riesgo exploratorio que representen al menos el doble del monto que se pretende compensar. Para permisos de exploración, se prevé una reducción de hasta el 80% del canon correspondiente a una prórroga.
Para los inversores, el cambio más relevante es la posibilidad de evaluar cada área bajo condiciones económicas más vinculadas con su realidad productiva. Esto resulta especialmente importante para los activos maduros, donde la recuperación de producción requiere nuevas tecnologías, capital y modelos operativos adaptados.
Vaca Muerta: Mendoza incorpora un régimen específico para el no convencional

La nueva legislación incorpora expresamente la figura de concesión de explotación no convencional, que no estaba contemplada en el régimen provincial de 2006.
La modificación permite establecer reglas específicas para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y habilita la reconversión de concesiones existentes hacia este régimen, conforme a la legislación nacional.
El impacto territorial es especialmente relevante para Malargüe y la porción mendocina de Vaca Muerta.
El desarrollo no convencional demanda inversiones intensivas, tecnología especializada, infraestructura y horizontes de explotación de largo plazo. Por eso, contar con un marco regulatorio específico constituye una condición importante para que las empresas puedan evaluar proyectos y planificar sus desembolsos.
El desafío será transformar el potencial geológico en oportunidades concretas de exploración, producción, infraestructura y desarrollo de proveedores.
Ambiente, fiscalización y responsabilidades durante todo el ciclo productivo
La actualización también incorpora mayores exigencias ambientales y refuerza las responsabilidades de las operadoras.
Las obligaciones abarcan todas las etapas de la actividad: exploración, explotación, cierre y abandono definitivo de pozos, instalaciones y ductos.
Las empresas deberán prevenir y mitigar impactos, realizar monitoreos, recomponer las áreas afectadas y sanear los pasivos ambientales cuando corresponda.
Un aspecto importante es que la salida de una empresa de un área no extingue las obligaciones ambientales generadas durante su operación.
Además, se establece la presentación obligatoria, cada dos años, de una Declaración Jurada de Buenas Prácticas de carácter público. Incluirá información ambiental, comunitaria, laboral, capacitación, proveedores locales, transparencia, integridad, higiene y seguridad.
El régimen sancionatorio también se actualiza. Las multas dejarán de expresarse en montos fijos en pesos y pasarán a calcularse tomando como referencia el precio de la nafta súper, con infracciones clasificadas según su gravedad.
La ley crea, asimismo, una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera, que no podrá superar el 0,8% de los montos correspondientes a regalías y/o cánones y estará destinada a financiar inspecciones, fiscalización, equipamiento y fortalecimiento técnico.
Minería e hidrocarburos: reglas para compatibilizar actividades
Otro aspecto estratégico de la reforma es la incorporación de mecanismos para resolver eventuales superposiciones entre derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos.
La cuestión adquiere especial relevancia en un territorio donde la exploración minera y el desarrollo energético pueden compartir espacios geográficos.
La nueva legislación establece como principio la búsqueda de coexistencia entre ambas actividades mediante coordinación técnica, operativa, ambiental y temporal.
La superposición territorial no implica automáticamente la caducidad o extinción de los derechos involucrados. Los titulares deberán intercambiar información y analizar alternativas para compatibilizar sus proyectos.
Cuando esa coexistencia no resulte posible o genere riesgos para la seguridad, el ambiente o el aprovechamiento racional de los recursos, será el Poder Ejecutivo quien deberá resolver, con intervención de las autoridades competentes y audiencia de los interesados.
Este punto resulta particularmente importante para el ordenamiento de las inversiones en territorios con potencial minero y energético.
El desafío: transformar las nuevas reglas en proyectos invertibles
La sanción de la nueva Ley de Hidrocarburos representa una actualización institucional importante para Mendoza. Sin embargo, el marco regulatorio es una condición necesaria, no suficiente, para atraer capital.
El siguiente paso será convertir estas herramientas en oportunidades concretas: áreas con información técnica disponible, proyectos estructurados, procesos de licitación previsibles, compromisos de inversión verificables y mecanismos de articulación con empresas operadoras, proveedores, financiadores y socios tecnológicos.
La competencia por el capital energético es internacional. Las decisiones de inversión consideran no solamente el potencial de los recursos, sino también la estabilidad normativa, la infraestructura, los costos operativos, la disponibilidad de servicios especializados y la capacidad de ejecución de cada territorio.
Mendoza tiene dos agendas que debe desarrollar en paralelo: recuperar el valor de sus activos convencionales y posicionar su potencial no convencional dentro del mapa energético argentino.
La nueva ley actualiza las reglas de juego. Ahora el desafío es convertir previsibilidad regulatoria en inversión, producción, infraestructura y desarrollo empresarial.







